Parece que el camino se ha hecho largo y conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí.
El 1 de octubre de 2017, los partidos independentistas en Cataluña intentaron dar un infructuoso golpe de Estado. Como parte de ese golpe, se pretendía derogar la legalidad vigente de la Constitución Española en Cataluña y sustituirla unilateralmente por una Constitución Catalana que, como se ha podido comprobar, ilegalizaba todos los partidos que fueran contra la República catalana o su nueva Constitución. El plan era, pues, golpe de Estado, nueva legalidad y, acto seguido, ilegalizar a los partidos políticos a los que votan la mitad de los catalanes.
Ante esta situación, primero el PSOE se mostró en contra, luego moderadamente en contra, y, actualmente, pretende pedir perdón a los independentistas catalanes. Un perdón asimétrico, a quienes no se arrepienten de nada. Un perdón unidireccional, que dicta que el culpable de todo lo que ha pasado es el Estado español, que todo lo ha hecho mal.

Lo que ocurrió el 1 de octubre fue muy grave, tenemos en el aula a un abusón violentado a su víctima y se le exige al violentado que le entregue el dinero del bocadillo al agresor a cambio de la paz, que quizá pueda consistir en reducir la frecuencia de los episodios de abuso. Es aquí donde entran en acción los moderados del PSOE, que no son ni más ni menos que aquellos que se lanzan sobre la víctima acusándola de crispar y de estar en contra de la convivencia del aula por no aceptar el trato, quizá incluso la acusen de ser una máquina de crear abusones con esa actitud tan irritante de responder con tanto conocimiento a las preguntas del profesor.
Ante esta situación, los independentistas pidieron algo aparentemente imposible, mucho más que un bocadillo, pidieron aprobar una ley donde el poder legislativo usurpe competencias al poder judicial, una ley de amnistía. Y por pedir que no quede: amnistía para el golpe, amnistía para los corruptos y mucho, mucho dinero para Cataluña.
Pues bien, el PSOE ha obrado el milagro, ha hecho posible lo imposible, y es que sólo había que tener la voluntad de Pedro Sánchez para trazar un plan para cooptar el Tribunal Constitucional con gente de dudosa moralidad servil al líder que se encargará de retorcer lo que diga la Constitución. Todos los líderes del PSOE nos han dejado muy claro lo que dice la Constitución, porque hasta hace 3 meses lo tenían ellos mismos clarísimo antes de que el mandamás socialista cambiase de opinión, cuando estos líderes socialistas repetían sin cesar que la amnistía era inconstitucional, antidemocrática y contraria a sus valores e ideas.
La Carta Magna no sólo prohíbe expresamente los indultos generales, no dejando de ser la amnistía un indulto general plus; la Carta Magna establece extensamente cómo Estaña es un Estado de derecho con separación de poderes, los cuales quedan a la altura del betún con una ley que somete el poder judicial a la mayoría Frankenstein.
Teniendo como presidente a un señor que declaraba cuáles eran sus líneas rojas y, compungidamente, acusaba de crispar a quien osase vaticinar que se las saltaría, para a continuación saltárselas todas, no es de extrañar que exista cierta preocupación entre la ciudadanía sobre a dónde va a ir a parar este asalto al poder judicial para otorgar un perdón a la carta a toda una amalgama de diferentes delincuentes. ¿Es posible que el Congreso de los Diputados haga una ley que declare no ocurrido cualquier intento de multa de aparcamiento dictada hasta octubre de 2023 contra cargos del PSOE? No le pregunten a Sánchez, dirá teatralmente que eso no es posible, como hace cada vez que le han preguntado por una de sus líneas rojas.
Publicado originalmente el 05/11/2023.